Por lo menos 40 compradores de viviendas se encuentran con las “casas en el aire” en el denominado proyecto Edificio Argento, localizado en la carrera 64 No. 91-218, en el barrio Altos de Riomar, al norte de Barranquilla.

El proyecto fue concebido por Alianza Fiduciaria S.A., representada por Peggy Algarín Ladrón de Guevara, y fue diseñado para ser desarrollado a través de un esquema fiduciario bajo la exclusiva responsabilidad financiera, técnica y administrativa de Onaproject Colombia S.A.S., con la representación legal de Ignacio Barrau Puy.

Para ello fue celebrado un contrato de fiducia mercantil inmobiliaria, denominado Fideicomiso Edificio Argento, a través del cual se desarrollaría el proyecto, estableciéndose que Onaproject Colombia S.A.S. realizaría las funciones de gerencia del mismo por su propia cuenta y riesgo.

En esencia, el objetivo inicial era la construcción de un multifamiliar de 61 unidades que se construirían en una sola etapa, todo ello sometido al régimen de propiedad horizontal. Después, el proyecto fue aumentado a 66 unidades, incluyendo 5 pent house Dúplex.

Inicialmente, a los compradores se les indicó que el inicio de obras solo se daría cuando se lograse el equilibrio financiero, fijado en la venta asegurada mínima de 40 unidades. Mientras tanto, continuaban pagando las cuotas pactadas.

De manera sorpresiva, cuando se dio el equilibrio financiero, el interventor del proyecto autorizó desembolsos por 5 mil millones de pesos. Los compradores quedaron asombrados porque a partir de ese momento el representante legal, Ignacio Barrau Puy, desapareció del panorama.

Además de esa suma, dejó deudas por $2 mil millones con proveedores, otros $5 mil millones por el terreno y dos meses de salarios a los trabajadores administrativos y operativos.

“Nadie sabe qué pasó con la plata porque no se gastaron un solo peso”, dijo uno de los afectados.

“Estamos en el limbo y nos sentimos verdaderamente estafados”, aseguró.

Realmente el proyecto no registra ningún tipo de avance.

Más sorprendente aún resulta la “notificación” que Ignacio Barrau Puy hizo en el sentido de que ya él no tenía nada que ver con el proyecto porque el mismo había cambiado de dueño. Barrau hizo ver, el 14 de noviembre, que el nuevo dueño sería Rafael Camilo Caro Salinas, a quien cuatro días después inscribió, ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, como el nuevo representante legal principal  y para efectos fiscales.

Frente a esta situación, Caro Salinas niega ser el dueño, asegura que dio su negativa el 14 de noviembre y procedió a impugnar el hecho ante la misma Cámara de Comercio.

“Todos mis argumentos los tengo en regla”, dijo Rafael Caro en diálogo con Zonacero.com, agregando que además de impugnar la inscripción también lo hizo con la transferencia del contrato de compra-venta de acciones.

“He hablado comprador por comprador. Soy el único que está poniendo la cara. He estado pendiente de los compradores, buscando soluciones para todos ellos. No voy a abandonar a ninguno, todos somos víctimas de una situación anormal y por eso estoy atento a cualquier situación. El que nada debe, nada teme”, recalcó.

“Es una situación atípica para mí que alguna solución tendrá”, puntualizó.

Entre tanto, Ignacio Barrau Puy, representante de Oneproject Colombia S.A.S., y a quien responsabilizan de la desaparición de los dineros pagados por los compradores, también figura en los registros mercantiles de Barcelona, en España.

En concreto, aparece como Administrador Único de la sociedad Onaproject 10 SL, nombre similar al de la empresa en Barranquilla, con capital social de 20 mil euros y sede en Barcelona.

También como apoderado de las empresas Galatea Marbella SL, Comunidad y Turismo SL y Artmobile Technologies Sl; como apoderado solidario de Perblau 2000 SL y como Administrador Mancomunado de Gamy Game Europe SL.

Con sorna uno de los afectados señaló que “los españoles no solo se llevaron el oro, sino que ahora se llevan las casas y nuestros sueños”.